El Centro Nacional de Inteligencia del gobierno mexicano fue instruido por el Juzgado del Octavo Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México de no “destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar” documentos históricos tras un juicio de amparo en donde se solicita se localicen y transfieran expedientes  “perdidos, sustraídos, faltantes o que nunca fueron transferidos (y debieron serlo) al Archivo General de la Nación”.

 

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